En pleno debate sobre la amnistía que reclama Junts, la formación que lidera Carles Puigdemont, para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, el pulso interminable que mantienen el expresidente de la Generalitat y el magistrado instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, vive este martes un nuevo envite. Llarena ha dictado una providencia en la que concede un plazo de 10 días tanto al expresident como al exconseller Antoni Comín —huido con él a Bélgica desde octubre de 2017— para que acrediten si han recurrido ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) la sentencia que el pasado 5 de julio retiró la inmunidad parlamentaria como eurodiputados. El magistrado pregunta, además, si las defensas de Puigdemont y Comín han pedido también la suspensión cautelar de ese fallo, y aquí puede estar la clave del escrito de Llarena: mientras el propio TJUE confirmaba el lunes la recepción de los recursos, señalaba que todavía no había recibido una petición de medidas cautelares. Algo que la defensa del expresident apuntó por su parte que tiene previsto hacer, aunque sin fijar hasta el momento una fecha. Según el tribunal de Luxemburgo, no hay un plazo fijo para hacerlo, ya que se pueden presentar “hasta que se resuelvan los asuntos principales”. El escrito de Llarena, aunque formalmente obedece solo a un trámite, deja entrever que el juez pretende seguir teniendo a Puigdemont atado en corto.

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